CChC propone hoja de ruta para escalar vivienda industrializada y aportar hasta 20% de la meta anual
Un estudio presentado por Déficit Cero y el Comité de Industriales de la CChC durante Edifica 2026 estima una capacidad instalada de 19.824 viviendas/año (potencial de 24.240 con 22 empresas registradas) y plantea una hoja de ruta en tres fases para integrar la industrialización en la política pública, abordando barreras normativas, de financiamiento y operativas que afectan tiempos y costos.
Capacidad actual y potencial
El informe estima una capacidad instalada de 19.824 viviendas por año y un potencial de hasta 24.240 unidades considerando 22 empresas industrializadoras registradas.
La cifra coincide con el objetivo anunciado por el MINVU de que soluciones industrializadas aporten el 20% de las 100.000 viviendas comprometidas anualmente.
Principales nudos críticos identificados
El estudio señala que la limitación no es tecnológica sino de desalineación entre la lógica industrial y los marcos normativos, financieros y operativos vigentes.
Entre los problemas destacados están la doble revisión entre DITEC y SERVIU, incertidumbre en la demanda, cambios normativos que obligan a recertificar, estados de pago basados en avance físico (que tensionan flujo de caja) y un tratamiento del IVA que encarece componentes fabricados en planta frente a la construcción tradicional.
Hoja de ruta propuesta (tres fases)
Fase 1 — activación (primeros 100 días): medidas de señal al mercado basadas en resoluciones MINVU de mayo 2026, incluyendo un índice de desempeño en postventa para constructoras.
Fase 2 — ajustes prioritarios (6–18 meses): permitir que SERVIU regional apruebe soluciones industrializadas para evitar doble revisión; asegurar estabilidad normativa por 2–3 años; corregir tratamiento del IVA a componentes de planta; crear un itemizado técnico nacional; y diseñar instrumentos de financiamiento externo para cubrir anticipos a industrializadoras.
Fase 3 — integración programática (3–4 años): llamados nacionales periódicos para proyectos industrializados; vincular pagos a producción certificada en planta; fiscalización diferenciada; incorporación de revisores técnicos independientes; y definir responsabilidades y garantías compartidas entre constructoras e industrializadoras.
Implicancias para compradores, propietarios e inversionistas premium
Si se implementan las medidas, la industrialización puede aumentar oferta disponible y reducir plazos de construcción, lo que beneficia a compradores e inversionistas que buscan entrega más rápida y mayor predictibilidad de costos.
Los puntos críticos relacionados con flujo de caja y financiamiento (estados de pago y necesidad de instrumentos para anticipos) son relevantes para desarrolladores e industrializadoras; su resolución reduciría riesgo financiero y podría mejorar la viabilidad de proyectos a escala.
Cambios propuestos al tratamiento del IVA y a la certificación normativa podrían bajar el costo unitario de soluciones industrializadas, afectando positivamente la oferta de vivienda en sectores con demanda alta.
Fuentes oficiales
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